Eliminar el uso de dinero en efectivo en las contiendas y prohibir el financiamiento de recursos de procedencia ilícita es considerado un acierto en la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, misma que se prevé discutir este miércoles en el pleno de la Cámara de Diputados. A esta restricción que busca que las aportaciones puedan ser rastreables por el sistema financiero, se suman propuestas positivas como la regulación de la Inteligencia Artificial y el reconocimiento de los modelos de participación ciudadana como la consulta popular, el referéndum, los plebiscitos y cualquier otro mecanismo de democracia directa.
Controles del dinero en las campañas No es una tarea fácil, pero al menos se menciona la importancia de fiscalizar este tipo de actividades para evitar que llegue dinero del crimen organizado,
En materia de fiscalización de los recursos de los partidos y de las campañas, hoy ya se contemplan algunas restricciones en las leyes y reglamentos que norman las tareas del Instituto Nacional Electoral (INE), pero se busca llevarlo a la Constitución. La propuesta establece que toda aportación privada deberá realizarse por personas físicas mexicanas y no podrán hacerse aportaciones en efectivo . Actualmente se permite realizar aportaciones en efectivo de no más de 90 UMAS (10,557 pesos) . Además, se enfatiza la prohibición a financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas”. El Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) plantea que la propuesta de Sheinbaum apunta hacia un modelo de fiscalización digital y proactiva, ya que prohíbe las aportaciones privadas en efectivo y exige que todo recurso fluya por el sistema bancario : SPEI, cheques nominativos, transferencias electrónicas, tarjetas o depósitos identificables. La iniciativa de la presidenta también obliga al Sistema Financiero Mexicano a reportar al INE cualquier operación inusual vinculada a partidos y candidaturas y actualiza la forma de recibir aportaciones privadas, mediante mecanismos electrónicos que existen hoy en día y que permiten la completa identificación del aportante. El Observatorio plantea en su tercer informe sobre la iniciativa , redactado por Luis F. Fernández, Arturo Espinosa, Daniela Arias, Víctor Díaz y Francisco Rojas, que la propuesta tiene la finalidad de saber de dónde viene el dinero que financia la política. “Lo que hace concretamente es tomar disposiciones que ya existían en el Reglamento de Fiscalización del INE y elevarlas a la Constitución , con la idea de que la trazabilidad del dinero deje de ser una norma administrativa -que se puede ajustar o ignorar con relativa facilidad– y se convierta en un mandato que obligue a que cada peso de campaña deje rastro en el sistema bancario ”, señala. El exconsejero electoral Arturo Sánchez, es positivo que se proponga mantener al Instituto Nacional Electoral como la autoridad nacional responsable de toda la fiscalización de partidos y candidaturas a todos los niveles de gobierno y cargos legislativos. “El INE seguirá siendo el órgano fiscalizador por autonomía, se habla de utilizar nuevas tecnologías y habrá que ver cuáles y cómo pueden dar un seguimiento cotidiano de todos los gastos de los partidos y no solo a los candidatos federales, pues se tiene que fiscalizar también a los candidatos locales, congresos, presidencias municipales”, señala el exconsejero.
Etiquetar uso de Inteligencia Artificial La propuesta de la presidenta propone que todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado por la Inteligencia Artificial (IA), sea etiquetado por su emisor para su identificación. La iniciativa señala que las empresas de radio y televisión y las plataformas de servicios digitales sean las responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre el contenido que no esté etiquetado. Actualmente
no hay alguna ley que regule el uso de la tecnología durante las elecciones. Patricio Morelos, analista político y cofundador de Poligrama, señala que primero se debe entender qué es Inteligencia Artificial y qué significa regularla, pues no se ha aclarado bien cómo se controlaría. Por ello, comenta que
esta regulación podría ser positiva si se evita suplantación de identidad y de noticias falsas, pero también advierte que sería negativa si se limita el uso de esta herramienta para acercar espacio de comunicación con los ciudadanos. “Creo que es un tema que no ha sido aclarado, pero creo que se enfocará en
evitar la propagación de noticias falsas, la suplantación de identidad en términos de voz, mensaje, en la generación de videos con el rostro de los candidatos o haciendo uso de voz generando mensajes falsos”, declara. El experto comenta que este punto es importante, porque en los últimos procesos electorales se ha visto «guerra sucia» para tratar de afectar la reputación de ciertos perfiles y partidos políticos. Para José Flores, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, esta propuesta
puede generar censura , debido a que las empresas de radio y televisión y las plataformas digitales tendrán la responsabilidad monitorear si hay contenidos con IA, advertir si estos no están etiquetados y “limitar” su difusión. “Eso es problemático porque implica a las plataformas digitales (y concesionarios) una responsabilidad sobre el discurso. Es decir, cómo empresas privadas tendrían la responsabilidad de qué se dice y qué no se dice en contexto electoral y bajo un criterio ambiguo de si fue modificado o alterado con Inteligencia Artificial”, señala. Flores explica que cuando se le dan a las empresas estas responsabilidades, tienen
incentivos para bajar preventivamente contenidos que pudieran meterlos en problemas legales, lo que puede
“erosionar” la libertad de expresión y limitar lo que se dice en un contexto electoral.
“Con el voto electrónico eso es imposible (las trampas electorales) y también es una forma de garantizar que el voto es secreto (…) No hay manera que se haga trampa ahí”. “En teoría casi todos los puntos (de la reforma electoral) o al menos los más discutidos de ser bien aplicados, podrían ser positivos (…) Si se aplican como se plantean en teoría, podrían ser puntos positivos”.
Participación ciudadana En la propuesta presidencial se plantea que el INE promueva
la participación de los ciudadanos en las consultas populares a través de medios físicos y electrónicos . Además de que se podrá incluir el uso de tecnologías de la información y comunicación en la emisión del voto en consultas populares. También se agregan párrafos al artículo 115 en los que se
reconocen los derechos de los ciudadanos a participar en consultas populares , referéndums y plebiscitos, y se establecen normas para regular estos mecanismos de participación ciudadana en municipios. Se pide que los congresos locales de los estados establezcan el porcentaje necesario para que los ciudadanos de municipios puedan solicitar este tipo de consultas, pero enfatiza que este
no debe ser mayor a 2% de las personas inscritas en la lista nominal de electores de los municipios. Además, señala que los resultados en estos mecanismos democráticos
serán vinculantes para el ayuntamiento cuando la participación total corresponda a, al menos, 40% de la ciudadanía registrada en la lista nominal, y será el órgano público local electoral de cada estado quien tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de estas consultas. Para la analista política y profesora del Tec de Monterrey, Xóchitl Pimienta Franco, la propuesta sobre las consultas populares y referéndums es un punto positivo, ya que
fortalece la democracia directa al darle “más peso” a estos mecanismos participación. La experta destaca también el uso de las urnas electrónicas en la propuesta de Sheinbaum, pues especifica que éstas no se conectan a internet, sino solo hace conteo de votos de manera electrónica. Con ello, dice, se evita las trampas que existen para que haya fraudes electorales, como el llamado «carrusel», en donde una persona consigue una boleta en blanco y fuera de la casilla la marca a favor del candidato que apoya; después de la da a otra persona, quien la deposita, pero se lleva la boleta que le tocaba y se la entrega al operado, quien la marca y la entrega a otra persona, y así sucesivamente. Las autoridades electorales ha señalado las ventajas de las urnas electrónicas: -Se agiliza la recepción del voto, se conoce más rápido los resultados de la votación. -Disminuye el costo de las elecciones, ya que no se debe imprimir boletas electorales, materiales, documentación. -Agilidad en la votación. -Mayor precisión de los resultados y no hay errores humanos en la contabilidad. -Las urnas pueden ser utilizadas hasta en cinco procesos electorales. Este tipo de tecnologías se han aplicado en 19 países, como Brasil, India, Estonia, Estados Unidos, Bélgica, entre otros. En el caso de México, ya se ha aplicado en algunos casos mediante pruebas piloto en Jalisco y Coahuila en 2021 y también se usaron en los electorales federales de 2024, en casillas especiales en Ciudad de México y Nuevo León. El analista Patricio Morelos, considera que en teoría “casi” todos los planteamientos tienen argumentos viables, pero es necesario ver cómo desde el Gobierno y de los partidos políticos intentarán hacer uso de estas nuevas reglas para sacar “provecho”.
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