La reciente implementación del Plan Michoacán de Seguridad y Paz 2025 representa, en teoría, una respuesta contundente a la escalada de violencia que ha convertido a esta entidad en uno de los territorios más disputados por organizaciones criminales. Sin embargo, una revisión crítica de sus fundamentos metodológicos revela una estrategia construida más sobre la urgencia política y la visibilidad mediática que sobre un análisis riguroso de incidencia delictiva y asignación eficiente de recursos de seguridad. El problema no radica en la necesidad de intervenir en Michoacán —eso es innegable— sino en cómo esta concentración de fuerzas opera como un ejercicio de redistribución administrativa que genera vacíos de seguridad en otras entidades igualmente críticas.
La ilusión del diagnóstico: tropas sin mapeo criminal El costo de oportunidad: entidades desatendidas El síndrome del operativo cosmético
El diseño de una estrategia de seguridad pública efectiva debería partir de un diagnóstico territorial que identifique patrones de incidencia delictiva, rutas de tráfico de drogas, zonas de control territorial por parte del crimen organizado y capacidades institucionales locales. En el caso del Plan Michoacán, la ausencia de un documento metodológico público que justifique la magnitud del despliegue militar sugiere que la decisión precedió al análisis. El envío masivo de tropas del Ejército, la Guardia Nacional y elementos de la Marina no parece responder a un mapeo diferenciado de amenazas, sino a la percepción de que Michoacán se ha convertido en un problema político que requiere una solución visible. Esta aproximación genera una falacia operacional: asumir que la presencia militar equivale automáticamente a reducción de violencia. La experiencia de despliegues similares en Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua durante la última década demuestra que sin inteligencia criminal focalizada, coordinación interinstitucional efectiva y estrategias de desarticulación de estructuras financieras del crimen, las tropas terminan funcionando como elementos disuasorios temporales que desplazan la violencia sin erradicarla. Mientras Michoacán concentra recursos federales de seguridad, estados como Guanajuato, Zacatecas, Guerrero y Chiapas enfrentan dinámicas de violencia estructural que no reciben atención proporcional. Guanajuato, por ejemplo, ha liderado estadísticas de homicidios dolosos en años recientes, con una fragmentación criminal que involucra disputas entre células del Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos locales. Zacatecas, por su parte, constituye un corredor estratégico cuya disputa territorial genera enfrentamientos constantes que han desestabilizado municipios enteros. La pregunta metodológica es evidente: ¿qué criterio justifica que Michoacán reciba un despliegue extraordinario mientras otras entidades con tasas de homicidio comparables o incluso superiores operan con recursos convencionales? La respuesta más probable no se encuentra en análisis criminológico, sino en consideraciones de visibilidad política y ciclos electorales. Esta lógica de asignación genera un efecto perverso: las organizaciones criminales aprenden rápidamente que los territorios no sujetos a operativos federales representan oportunidades estratégicas para expansión, reconfiguración de rutas y consolidación de control territorial. El Plan Michoacán adolece del mismo problema que ha caracterizado las estrategias de seguridad mexicanas durante las últimas dos décadas: privilegiar la acción visible sobre la efectividad estructural. Los operativos de gran escala generan titulares, fotografías de columnas militares en carreteras y conferencias de prensa donde se anuncian decomisos y detenciones. Sin embargo, sin un componente robusto de inteligencia que identifique nodos financieros, estructuras logísticas y redes de protección política del crimen organizado, estos despliegues funcionan como analgésicos que alivian síntomas sin atacar la enfermedad. La militarización intensiva de un territorio sin estrategia de salida definida crea, además, dependencia operacional. Una vez que las tropas se retiran o reducen su presencia, el vacío institucional que dejaron sin resolver permite que las organizaciones criminales recuperen terreno con rapidez. Michoacán ha experimentado este ciclo repetidamente: operativos federales temporales que desarticulan células, seguidos de recomposiciones criminales que explotan la debilidad de las policías estatales y municipales.
Hacia una política de seguridad basada en evidencia
Lo que México requiere no es la eliminación de operativos militares en zonas críticas, sino su subordinación a una metodología transparente que justifique asignaciones de recursos con base en indicadores verificables. Esto implica publicar diagnósticos de incidencia delictiva por entidad, mapeos de rutas de tráfico de drogas, análisis de capacidades institucionales locales y evaluaciones de impacto de despliegues previos. Una política de seguridad responsable no puede operar bajo el principio de «apagar el incendio más visible», sino bajo la lógica de prevención y contención estructural. El Plan Michoacán 2025, en su configuración actual, reproduce los vicios de estrategias anteriores: concentración de recursos sin criterios metodológicos claros, ausencia de componentes de inteligencia robustos, dependencia de presencia militar como variable principal y desatención de entidades con problemáticas comparables. Mientras esta lógica prevalezca, los operativos seguirán siendo ejercicios de redistribución administrativa que generan la ilusión de control sin resolver las causas profundas de la violencia criminal. La pregunta no es si Michoacán necesita intervención federal, sino si el país puede seguir permitiéndose diseñar políticas de seguridad sin fundamentos metodológicos sólidos que trasciendan los ciclos políticos inmediatos. ____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
]]>
Comentarios recientes