El exgobernador Rubén Rocha Moya podrá disponer de los próximos recursos que reciba por concepto de pensiones del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), luego de que un tribunal federal concedió una suspensión provisional para permitirle el acceso a esos ingresos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este viernes que cumplió la resolución emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), derivada de un procedimiento judicial promovido por el exfuncionario.
¿De qué acusa Estados Unidos a Rubén Rocha Moya?
La resolución establece que Rocha Moya podrá disponer únicamente de los depósitos futuros correspondientes a sus pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez, así como de los recursos que recibe por su jubilación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin embargo, la medida no representa un desbloqueo total de sus cuentas bancarias. Hacienda precisó que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera, permanecerán sujetos a las restricciones correspondientes. El acceso parcial a sus recursos ocurre mientras el exmandatario enfrenta una acusación penal en Estados Unidos. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa fueron imputados por delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Rocha Moya presuntamente colaboró con Los Chapitos , facción del Cártel de Sinaloa, para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de apoyo político y protección para sus operaciones criminales. El documento sostiene que integrantes de esa organización ayudaron a Rocha Moya a ganar las elecciones de 2021 mediante el secuestro y la intimidación de sus rivales políticos. También señala que, antes y después de asumir la gubernatura, habría sostenido reuniones con integrantes de esa facción y prometido proteger sus actividades.
La acusación incluye tres cargos contra el exgobernador: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento. Los delitos contemplan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. El Departamento de Justicia aclaró que los cargos constituyen acusaciones y que los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Por su parte, la UIF señaló que cumplirá las resoluciones judiciales y respetará el debido proceso, al tiempo que mantendrá las acciones institucionales para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
]]>
Comentarios recientes