El gobernador de Nuevo León, Samuel García , enfrenta de nueva cuenta señalamientos por presuntas triangulaciones de recursos públicos hacia un despacho jurídico y fiscal de su propiedad y de su padre Samuel Orlando García Mascorro .

Este martes, la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Nuevo León presentó ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2025, en donde fue documentado un esquema de presuntas triangulaciones de recursos públicos por 1,696 millones de pesos , los cuales habrían sido transferidos por contratistas estatales hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyFA), propiedad del gobernador y de su padre. El auditor Alejandro Reynoso reportó ante el Congreso 786 depósitos de proveedores gubernamentales a una firma jurídica y fiscal, así como 418.8 millones de pesos en rendimientos financieros. Durante su exposición, el auditor informó sobre un esquema de presuntas triangulaciones de recursos que involucra principalmente al Gobierno estatal y sus organismos. Aunque el auditor no mencionó directamente a Samuel García ni a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, los señalamientos apuntan al despacho del gobernador y su padre. La ASE también identificó otras operaciones relacionadas con el DIF Nuevo León , así como con compras de medicamentos oncológicos realizadas por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón). En el caso del DIF, la auditoría detectó que parte de los recursos pagados al proveedor de alimentos, los cuales habrían pasado por cinco empresas identificadas como filiales. En apenas ocho días, 23.2 millones de pesos habrían llegado al despacho jurídico «fundado por un funcionario de alto nivel».

El auditor también mencionó cuatro servidores públicos del DIF y referencias a una empresa de cosméticos y el despacho jurídico y fiscal. Además, la ASE reportó presuntas irregularidades por compras a precios superiores a los de mercado. Uno de los ejemplos expuestos fue la adquisición de chayote a 300 pesos por kilogramo, cuando su precio promedio era de 18 pesos. También señaló operaciones con una empresa desarrolladora que ofrecía múltiples servicios, desde remodelaciones en el Centro Capullos y Fabriles hasta construcción, instalaciones y adquisición de ropa para niñas y niños. Otro de los señalamientos corresponde a pagos por 420.6 millones de pesos a la empresa Medicazel por medicamentos oncológicos adquiridos por la UANL y el Isssteleón.

Los otros señalamientos contra Samuel García

Según la auditoría, por cada 100 pesos de los pagos revisados, 17.60 pesos habrían terminado en el despacho y empresas relacionadas con el familiar de un alto funcionario estatal. El monto de las transferencias identificadas sería de 74.1 millones de pesos. La ASE también advirtió que los medicamentos se adquirieron con sobrecostos y que no encontró documentación suficiente para acreditar su entrega. Por otra parte, el auditor informó que la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (Codefront) facturó 537.4 millones de pesos a una empresa sancionada en otros países, aunque los contratos correspondientes sumaban únicamente 120 millones. La investigación identificó 47 facturas emitidas por una constructora entre julio de 2022 y octubre de 2026. Al comparar las facturas identificadas con los importes publicados en los contratos, la ASE encontró que el monto facturado equivalía a 4.4 veces el monto contractual. El monto consignado en la revisión es de 537.4 millones de pesos. Adicionalmente, el auditor informó que el área de investigación identificó pagos relacionados con empresas incluidas en el listado previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. El monto de estas operaciones asciende a 3,366.1 millones de pesos y corresponde a compañías que se presumen inexistentes. El auditor Reynoso señaló que ya se giraron instrucciones para continuar las actuaciones correspondientes dentro de las facultades de la auditoría y, cuando proceda, coordinarse con las autoridades competentes. Los nuevos hallazgos se suman a una serie de denuncias, auditorías e investigaciones sobre el manejo de recursos públicos que han surgido durante el gobierno de Samuel García. En 2024, también se reportaron operaciones entre proveedores del Gobierno de Nuevo León y Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho relacionado con Samuel García y su padre. Investigaciones periodísticas expusieron un patrón de transferencias de recursos públicos a empresas proveedoras del gobierno que posteriormente habrían enviado dinero al despacho familiar. Además, en octubre, la ASF también informó ante la Cámara de Diputados que había identificado presuntas transferencias por al menos 728.13 millones de pesos de recursos de la administración estatal hacia el despacho familiar del gobernador. De acuerdo con la información presentada, los movimientos se realizaron mediante proveedores del Gobierno estatal y siguieron patrón similar al detectado por la auditoría local. Pero incluso antes de asumir la gubernatura, en 2021, cuando Samuel García era candidato a la gubernatura de Nuevo León, el Instituto Nacional Electoral (INE) también detectó un mecanismo de triangulación de recursos durante la revisión del financiamiento de su campaña. De acuerdo con la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Samuel García presuntamente financió su campaña mediante una triangulación de recursos que involucró a su madre y a sus hermanos. Por estos hechos, la autoridad electoral le impuso una sanción de 28 millones de pesos. El INE acreditó que la campaña del emecista recibió 14 millones de pesos de su madre, Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, y de sus hermanos, Silvia Catalina y Roberto García Sepúlveda, quienes previamente recibieron recursos de tres empresas dedicadas a actividades litigantes y de bienes raíces.

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