Certificar no es profesionalizar Si la inteligencia es el cerebro de la estrategia, la policía es su sistema nervioso y la prevención su prueba de legitimidad. El tercer tramo del informe muestra avances en ambos terrenos, pero también deja al descubierto una fragilidad que México conoce desde hace décadas: la distancia entre diseñar estándares nacionales y lograr que un policía municipal, en un municipio concreto, tenga capacidades, salario, tecnología y respaldo suficientes para enfrentar al crimen.
El gobierno reporta 370,957 policías con Certificado Único Policial al 30 de junio de 2026. El avance global es de 80.3% entre mujeres y 83.7% entre hombres. En el ámbito municipal, sin embargo, las proporciones son menores: 76.3% de las mujeres y 80.1% de los hombres cuentan con el certificado. Una fracción relevante del estado de fuerza continúa fuera de la certificación.
Los problemas de la certificación, la profesionalización y la evaluación policial El problema es más profundo. El propio informe reconoce que el CUP integra control de confianza, formación inicial, competencias básicas y desempeño. Después plantea evolucionarlo hacia una certificación vinculada con carrera policial y capacidades diferenciadas. Esa reforma es correcta porque certificarse no garantiza eficacia. La certificación debe producir capacidades observables en servicio. Un agente puede cumplir requisitos formales y carecer de entrenamiento táctico actualizado, inteligencia local, investigación, liderazgo o condiciones laborales adecuadas. Las evaluaciones de competencias ilustran la escala del desafío: las entidades realizaron 24, 998 evaluaciones a policías estatales y 27,909 a municipales. Evaluar no equivale a corregir. La política pública debe mostrar cuántos agentes reprobaron, qué brechas fueron detectadas, qué capacitación recibieron después y cuánto mejoró su desempeño. Sin esa cadena, la evaluación se convierte en trámite administrativo.
Tabuladores salariales y prestaciones policiales: Barreras presupuestarias en el país Hay otro indicador que merece especial atención: los salarios policiales. El informe publica un Tabulador de Salario Digno Policial 2026-2027, después de reconocer asimetrías entre entidades. Las diferencias salariales son señal de debilidad sistémica.
Un sistema nacional no puede pretender capacidades homologadas mientras la dignidad laboral depende del código postal. La precariedad no explica por sí sola la corrupción, pero aumenta vulnerabilidades ante la cooptación criminal. El informe sostiene que se impulsó el fortalecimiento de seguridad social y condiciones laborales. Pero nuevamente predomina el lenguaje de promoción sobre el resultado medible. No sabemos, con la información presentada, cuántas entidades alcanzaron efectivamente los estándares salariales propuestos, cuántas policías municipales mejoraron prestaciones o cuántas redujeron rotación y deserción. Sin indicadores de permanencia, el discurso de profesionalización queda incompleto.
Prevenir no es organizar ferias La prevención enfrenta una dificultad distinta. El gobierno presenta Territorios de Paz, Ferias de Paz, Desarme Voluntario, Reconecta con la Paz y México Imparable, además de planes integrales en Guerrero, Morelos, Michoacán y Sinaloa. Son programas que intentan combinar seguridad, bienestar, educación, salud, vivienda y recuperación de espacios. Conceptualmente, la fórmula supera una política basada exclusivamente en despliegue armado. Pero prevención no puede evaluarse por número de ferias, talleres, beneficiarios o eventos realizados.
Debe medirse por cambios en factores de riesgo y protección: abandono escolar, violencia familiar, consumo problemático, reclutamiento de jóvenes, victimización, reincidencia, presencia criminal y cohesión comunitaria. El informe ofrece actividades; ofrece poca evidencia sobre si las comunidades intervenidas cambian.
Plan Michoacán: políticas públicas de aparador El caso de Michoacán resulta particularmente revelador porque el informe incluye el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia dentro de la estrategia preventiva. La apuesta integra seguridad con desarrollo económico, educación, salud, vivienda y espacios públicos. Esa amplitud es necesaria. Pero cuanto más amplio es un programa, más difícil resulta atribuir resultados. Si disminuye el homicidio, ¿qué componente funcionó? Si no disminuye, ¿qué parte falló? Sin línea base, metas territoriales y evaluación independiente, la coordinación puede convertirse en una palabra que explica todo y demuestra poco.
Reclutamiento forzado, esa prevención sin rumbo La prevención enfrenta también el reclutamiento criminal. Un territorio puede recibir actividades comunitarias y seguir siendo semillero de jóvenes para organizaciones delictivas si éstas controlan empleo, movilidad y vida social. El informe habla de causas estructurales, pero las mide poco. No basta intervenir el espacio público; hay que disputar al crimen su capacidad de gobernar la economía y expectativas comunitarias. Aquí aparece una conclusión incómoda: México está construyendo una arquitectura policial más sofisticada, pero todavía no demuestra que esa arquitectura sea homogénea. Las mejores capacidades federales pueden coexistir con policías municipales débiles. Y una estrategia nacional falla precisamente en esos puntos de menor capacidad.
La fragilidad territorial El diseño muestra por qué la policía local es crítica. Las Mesas de Paz Regionales pretenden traducir decisiones nacionales a operaciones territoriales. Pero la coordinación puede generar dependencia: cuando la federación concentra inteligencia y capacidad táctica, los gobiernos locales pueden convertirse en ejecutores, no en instituciones capaces de producir conocimiento criminal propio. La federalización funcional no consiste en centralizarlo todo, sino en elevar capacidades locales.
La formación policial: La eterna deuda académica con los policías El informe también señala la creación de modelos homologados para academias, unidades de investigación y centros de comando. Es una oportunidad. Pero los modelos no sustituyen presupuesto, mandos profesionales, mantenimiento tecnológico ni controles internos. México ha acumulado protocolos impecables sobre el papel y capacidades irregulares en territorio. El desafío es impedir que la nueva arquitectura reproduzca esa enfermedad: instituciones modernas con resultados desiguales. Por eso la profesionalización debe evaluarse con una pregunta sencilla: ¿qué puede hacer hoy un policía que no podía hacer hace dos años? Si la respuesta se limita a tener un certificado, asistir a cursos o utilizar una plataforma, la reforma es administrativa. Si puede investigar, preservar evidencia, intervenir con legalidad, resistir corrupción, trabajar con fiscales y resolver problemas concretos, entonces comienza a ser institucional. El cuarto problema, por tanto, no está solamente afuera, en las calles. Está detrás de los muros. Un Estado que pretende controlar el crimen debe demostrar también que controla sus cárceles, sus comunicaciones, sus redes internas y su capacidad de reinserción. _____
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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