La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de unificar en todo el país los criterios de investigación y castigo de este delito, además de establecer penas de hasta 70 años de prisión. La propuesta fue recibida este miércoles por el Senado de la República y será analizada por las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género, luego de que la Mesa Directiva informara su turno para el proceso legislativo correspondiente.
Durante la conferencia matutina del 15 de julio pasado, la mandataria explicó que la iniciativa busca que las fiscalías de las 32 entidades federativas investiguen los feminicidios bajo los mismos protocolos y con perspectiva de género, a fin de combatir la impunidad y garantizar una actuación uniforme en todo el territorio nacional. La reforma es parte del paquete de cambios legales derivados de la modificación al artículo 73 de la Constitución, que facultó al Congreso para expedir una legislación general en la materia. Sheinbaum afirmó que, como primera mujer en ocupar la Presidencia de la República, asumió el compromiso de fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y reforzar las medidas para prevenir la violencia feminicida. Entre los principales cambios, la iniciativa plantea homologar las sanciones por feminicidio en todo el país, con penas que irán de 50 a 70 años de prisión.
También incorpora 19 circunstancias agravantes para incrementar la condena, entre ellas cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, esté embarazada, tenga alguna discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como cuando el responsable sea un servidor público. El proyecto también contempla castigar la tentativa de feminicidio con penas equivalentes a entre la mitad y dos terceras partes de la sanción prevista para el delito consumado. Además, establece que los responsables perderán derechos sucesorios, la guardia y custodia de sus hijos y, en caso de desempeñar un cargo público, serán destituidos e inhabilitados. Asimismo, la propuesta reconoce derechos para las víctimas directas e indirectas, establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse inicialmente como posible feminicidio y determina que tanto el delito como la reparación del daño serán imprescriptibles, sin posibilidad de aplicar criterios de oportunidad ni beneficios para reducir las penas.
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