En comisiones unidas del Senado se aprobó la expedición de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, mediante la cual el gobierno federal garantiza la participación del sector público, privado y social en proyectos de infraestructura estratégica en diversos sectores, como transporte, agua, medio ambiente, salud. De acuerdo con morenistas, la propuesta presidencial, la cual fue avalada sin cambios, busca inversiones hasta por 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030. La oposición señala que con la iniciativa se incrementará el endeudamiento del país.
Los legisladores del PRI estuvieron en contra de esta reforma al considerar que la iniciativa parte de un diagnostico incorrecto y omite el origen del problema, ya que sostuvieron que de 2018 a 2025 el Estado mexicano dejó de invertir “donde debía”. El exgobernador y ahora senador Rodrigo Zapata Bello señaló deficiencias en la iniciativa presidencial: “disimula” obligaciones financieras con propósitos “poco claros”; debilita la disciplina fiscal al permitir compromisos sin suficiencia presupuestaria; ignora el deterioro de seguridad como condicionante de la inversión, y concentra poder y reduce contrapesos. “México necesita inversión, sí; México necesita infraestructura, también, y que bueno que el gobierno lo reconozca, pero lo que más necesita es la confianza, y la confianza no se decreta, sino se construye con reglas claras, transparencia y Estado de Derecho”, señaló el priista. En tanto, el panista Raymundo Bolaños comentó que la iniciativa permitirá que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice a las dependencias y entidades a que inicien los procedimientos de contratación sin contar con el suficiente presupuesto debido, lo que, enfatizó, rompe el principio básico de responsabilidad hacendaria. “Primero debe existir el recurso y después se puede gastar (…) Esta minuta significa acumulación de más deuda y mayor presión sobre las finanzas públicas”, declaró el senador. La propuesta avalada con 23 votos a favor, cinco en contra y 0 abstenciones establece que los recursos destinados a estas inversiones vendrá de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que según la exposición de motivos de la reforma, administran hasta ahora 6 billones de pesos pertenecientes a 73 millones de trabajadores mexicanos. Actualmente, entre 8 y 9% de estos recursos se invierte en infraestructura a través CKDs (Certificados de Capital de Desarrollo) y CERPIs (Certificados de Proyectos de inversión), cuando el límite regulatorio permite hasta 30%. Esta reforma también establece un marco legal para permitir que el sector privado pueda participar con el sector público y el social para proyectos de inversión directa, indirecta o mixta en proyectos de infraestructura estratégica. Crea la figura de “vehículos de Propósito Específico”, la cual se podrá constituir a través de fideicomisos públicos, privados o mandatos para permitir generar una coordinación efectiva con los sectores privado y social.
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