Ante la alerta de que Morena prepara una reforma electoral, expresidentes y exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) anunciaron la presentación de una propuesta para contrarrestar lo que ya anticipan como la “ley Maduro”. Los exfuncionarios electorales advirtieron que, bajo el pretexto de recortar gastos, se busca desmontar al INE desde el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Por ello, aseveraron que su defensa será el eje central de la batalla.
Los exconsejeros se reunieron como parte de una comisión del partido en formación Somos México con la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, a quien expusieron sus preocupaciones. “Esta iniciativa va directo a una ley tipo Venezuela, a la ‘ley Maduro’”, sostuvo en entrevista Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los líderes de Somos México, al advertir sobre una posible regresión democrática. En el encuentro participaron Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del INE; Leonardo Valdés, expresidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), y Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo. También acudieron los exconsejeros Rodrigo Morales, Arturo Sánchez Gutiérrez y Marco Antonio Baños. Previo a la reunión, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, lanzó acusaciones en contra de Córdova, quien asistió como invitado y no como integrante del nuevo partido. Sin embargo, cuando se le conminó a incorporarse al diálogo, Gutiérrez Luna –exrepresentante de Morena ante el INE– optó por retirarse. “Prefiere invitar a Jaime Maussan a hablar de extraterrestres y no debatir una reforma electoral”, reprochó Acosta Naranjo. El reclamo de Gutiérrez Luna se da luego de que en 2012 y 2015 Córdova avaló la sobrerrepresentación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que en 2024 criticó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de otorgar ese mismo beneficio a la coalición encabezada por Morena. El año pasado, la sobrerrepresentación otorgada a Morena y a sus aliados el Partido del Trabajo (PT) y el Verde, les permitió sumar en conjunto un 24% adicional, lo que dio a ese bloque el control de la 66 Legislatura y la capacidad de reformar la Constitución sin apoyo de otras fuerzas. En una conferencia posterior, Córdova explicó el sentido de sus votos cuando formó parte del INE. Recordó que la reforma de 1996 estableció el límite de 8% a la sobrerrepresentación con el objetivo de garantizar mayor pluralidad y evitar que una sola fuerza política pudiera modificar la Constitución sin consensos. La diferencia con lo ocurrido en 2024, señaló, es que por primera vez en 30 años “se constituyó una mayoría calificada artificial y fraudulenta”, que permite a las fuerzas oficialistas “modificar la Constitución a su antojo, apropiársela y convertirla en una propiedad privada”. Acosta Naranjo explicó que en 2024 “una coalición obtuvo el 54% de los votos y terminó con el 75% de las curules”. Esa sobrerrepresentación, añadió, implicó una subrepresentación de la oposición, que con el 44% de los votos quedó reducida al 25% de los escaños. “Una diferencia de 10 puntos se convirtió en una brecha de 50 dentro de la Cámara”, subrayó. La sobrerrepresentación y la defensa del Servicio Profesional Electoral Nacional formarán parte de la propuesta que Somos México afina para presentar ante la Cámara de Diputados, cuya presidencia puede turnarla a las comisiones dictaminadoras. “Esta es la vía”, afirmó Acosta, y no el método utilizado anteriormente, cuando la reforma electoral se discutió en la Secretaría de Gobernación a través de una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez. En conferencia de prensa, los integrantes de Somos México adelantaron que buscarán una proporcionalidad pura, sin sobrerrepresentación, de modo que el número de votos obtenidos corresponda directamente al número de curules. Leonardo Valdés, expresidente del IFE, señaló que existe preocupación por las reformas impulsadas por Morena, las cuales –comentó– “atentan contra los avances democráticos logrados, bajo un discurso que resulta atractivo: el ahorro de dinero”. Reconoció que es posible reducir gastos, pero advirtió que ello no debe hacerse “a costa de la autonomía de las autoridades electorales ni de la certeza de los resultados electorales”.
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