Los periodistas, analistas, académicos y activistas tenemos un enorme reto pero también una gran oportunidad para estudiar y entender al nuevo Poder Judicial. En general, salvo honrosas excepciones, México no ha tenido una gran tradición de periodismo judicial y los estudiosos del mundo del derecho y los tribunales apenas empezaron a participar frecuentemente en la discusión pública. Tras la transformación de fondo del Poder Judicial por la reforma impulsada por Morena y por las recientes elecciones, se abre la posibilidad de que estudiemos a los nuevos jueces, magistrados y ministros de manera más sistemática y desde una perspectiva menos formalista y más realista.
Para entender al nuevo Poder Judicial debemos ampliar el marco de análisis. Diversos analistas se han cansado de repetir que las elecciones son un vehículo para entregarle el control de la judicatura al Poder Ejecutivo. Este marco interpretativo es limitado y errado, y debemos trascenderlo si queremos comprender al nuevo Poder Judicial. Para analizar al nuevo Poder Judicial no podemos partir de viejos traumas que nublan nuestra visión. No, lo que está pasando no es la reconstrucción exacta del régimen del PRI clásico, en el que la justicia estaba altamente politizada y el Ejecutivo tenía un grado alto de control sobre el Judicial. Sin duda, habrá rasgos del régimen posrevolucionario que se repliquen en el nuevo Poder Judicial. La justicia, en efecto, estará más politizada y el Ejecutivo tendrá mayores palancas de poder para ejercer influencia sobre los tribunales. Pero no se tratará de una réplica exacta del PRI clásico por dos motivos principales. Primero, porque en México la justicia nunca ha dejado de estar politizada y no es necesariamente malo que lo esté. El problema ha sido, es y será —de manera agravada y acentuada— quién tiene acceso a los mecanismos políticos para incidir en las decisiones de los tribunales y a quiénes favorecen esas decisiones comúnmente. Segundo, porque las elecciones judiciales no solamente favorecieron al gobierno federal. Más bien, facilitaron que distintas élites locales y nacionales, con capacidad de influencia en los comités de selección y con recursos para la movilización electoral, impulsaran sus intereses por medio de candidatos afines a sus negocios, agendas y objetivos. Como ya expliqué en este espacio , pese a que Morena prometió que la reforma acercaría al Poder Judicial al pueblo, la realidad es que terminará por entregarle los tribunales a distintas élites políticas, empresariales, militares y criminales. Por tanto, es momento de mapear las redes de relaciones de los nuevos juzgadores. ¿Quiénes fueron sus impulsores en las elecciones judiciales? ¿Qué vínculos tienen con empresarios, políticos, militares y miembros del crimen organizado? ¿Qué relaciones guardan con despachos de abogados nacionales e internacionales? Líderes políticos locales, dirigentes sindicales, grupos empresariales locales y nacionales, elementos militares y, por supuesto, organizaciones criminales promovieron a sus propios cuadros en la elección judicial. Por tanto, es absurdo que nos quedemos repitiendo el mantra de que el Ejecutivo lo controlará todo. La presidenta y la coalición gobernante podrán influir en las decisiones trascendentales para el proyecto político de Morena. Para ello, contarán con aliadas fundamentales en la Suprema Corte (como Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz) y en el Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá vigilar a los juzgadores que contravengan los designios del gobierno federal.
No obstante, tan sólo una parte muy pequeña de todos los casos que llegan todos los días al Poder Judicial está directamente relacionada con los intereses del gobierno federal. La abrumadora mayoría de casos está, más bien, ligada a controversias entre ciudadanos o entre instituciones no dependientes del gobierno (como empresas, instituciones educativas, bancos u organismos de la sociedad civil). En un país con un problema de violencia desatada, otra porción importante de casos es de naturaleza penal y se relaciona con el crimen organizado. Finalmente, otro porcentaje alto de casos tiene que ver con los intereses de distintas élites locales (por ejemplo, una controversia sobre terrenos entre una empresa hotelera o agropecuaria y pobladores de la zona, o un conflicto sobre libertad de expresión entre un periodista y un político local). ¿A quiénes defenderán los nuevos jueces en todos estos casos ajenos a los intereses directos del Ejecutivo federal? ¿Qué intereses cuidarán los nuevos tribunales? ¿Quién tendrá acceso para influir en sus decisiones? ¿Con quiénes están en deuda los juzgadores luego de la ayuda que recibieron para ganar los comicios judiciales? Ése son el tipo de preguntas que deberíamos estar haciendo para entender al nuevo Poder Judicial. ____ Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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