En medio de la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la renuncia de Guadalupe Taddei por señalamientos de presunta corrupción con proveedores electorales, el Instituto aprobó un acuerdo para “restaurar la integridad” y reforzar los controles de la gestión administrativa. El proyecto que acordaron las diez consejerías incluye candados para prevenir irregularidades, detectar oportunamente la corrupción y medidas urgentes para garantizar la certeza del proceso electoral 2027, ante posible rescisión de contratos.

INE pide fiscalización de ASF y aprueban auditorías externas

El acuerdo solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un ejercicio emergente de fiscalización, que audite urgentemente las contrataciones y compras realizadas por un periodo de diez años. El acuerdo del INE para restaurar la integridad contempla cerca de diez medidas, algunas de ellas tendrán que llevarse a cabo al interior del órgano y otras en coordinación con diversas autoridades fiscalizadoras. Según el acuerdo estas son las medidas implementadas tras la crisis: -Mecanismos de preservación documental: Se ordena la conservación inmediata de expedientes físicos y electrónicos de contratación, suspendiendo cualquier baja documental, y se fijan cinco días hábiles para integrar un inventario completo de contratos. -Generación del inventario de contrataciones: Para una revisión a profundidad del mismo. -Instauración de buzón de denuncias anónimas: Para que todos los funcionarios que conozcan de un procedimiento irregular pueden denunciarlo de manera anónima. -Medidas administrativas para garantizar continuidad del proceso electoral 2027: Si algún contrato actualmente vigente afectara al proceso, se tendrían que tomar medidas de emergencia para reformularlo. -Viabilidad de auditorías externas: Además de la ASF, el INE propone que órganos de carácter privado participen auditando lo que ocurre en la institución. -Viabilidad de testigos sociales: Participación de terceros en todos los procesos de licitaciones y adjudicaciones para garantizar la transparencia. -Informes de la Secretaría Ejecutiva: Actualización periódica sobre cada una de las medidas y sus avances. -Estrategia de integridad documental: Que consiste en proteger no solo la evidencia de las auditorías, sino la memoria institucional ante las afectaciones de los órganos centrales. -Diagnóstico institucional de riesgos de corrupción y Programa de integridad: Se trata de un mecanismo que permita detectar los riesgos de corrupción, las faltas en la vigilancia, y las áreas de oportunidad.

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