En México, los informes de gobierno son, por regla general, ejercicios de propaganda. En ellos, los problemas desaparecen y todo marcha viento en popa. Desde una lógica política puede entenderse: nadie espera que un gobierno se autoflagele en su propia ceremonia. Pero si el interés público está al centro —y no el cálculo partidista—, entonces lo que se requiere no son actos triunfalistas, sino ejercicios reales de rendición de cuentas: balances que reconozcan aciertos y errores, y que sirvan para corregir el rumbo donde sea necesario.
El poder en disputa frontal Sustitución progresiva del Estado Violencia letal silenciosa
Ese tipo de balance es especialmente urgente en los primeros años de gestión, cuando se define el rumbo de una administración. Por ello, este texto busca ofrecer una mirada crítica al primer año de Clara Brugada como jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX). En la capital del país se ha construido una versión local del discurso federal. Una peligrosa narrativa paralela que presume una disminución delictiva, pero que oculta el fortalecimiento del control territorial del crimen organizado. Detrás de esa aparente reducción de las cifras oficiales, atribuida al éxito de los operativos contra las agrupaciones delincuenciales, las dinámicas del hampa ponen en riesgo, de manera severa, la seguridad ciudadana. El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz —la secretaria particular y el asesor de Clara Brugada—, fue indudablemente perpetrado por el crimen organizado: se trató de una emboscada altamente planificada que involucró motocicleta, vehículos de apoyo y rutas precisas. Aunque la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad han detenido a varias personas presuntamente ligadas al caso, persisten serias dudas sobre los móviles reales y la cadena de mando detrás del ataque. Este evento no sólo exhibió fisuras graves en el funcionamiento del sistema de seguridad y justicia capitalino, sino que envió un mensaje ominoso que no puede ignorarse: si el crimen organizado es capaz de vulnerar al círculo más cercano del gobierno de la ciudad, entonces también puede definir los límites reales del poder. En el último año, las víctimas de extorsión en la CDMX aumentaron 118%, alcanzando su nivel más alto en al menos los últimos seis años. Este delito se ha convertido en un instrumento estructural de control social y económico, mediante el cual grupos criminales regulan actividades comerciales, transportes y hasta dinámicas comunitarias. No puede abordarse como un delito aislado, sino como un síntoma de la sustitución progresiva del Estado en amplias zonas de la ciudad. El salto estadístico, por tanto, habla de la consolidación de un modelo de control territorial basado en la renta criminal; pero en especial expone, mediante un evento delictivo cotidiano, las deficiencias en el funcionamiento del sistema de seguridad y justicia. La tasa de personas desaparecidas y no localizadas en la CDMX aumentó 88.1 % entre 2024 y 2025 (enero–agosto). Una posible explicación del incremento —que además coincide con la reducción de homicidios dolosos—, es que la desaparición se ha convertido en un instrumento silencioso del crimen organizado para eliminar opositores, castigar desobediencias y sembrar terror en comunidades específicas. El fenómeno no puede minimizarse como un fallo administrativo: implica un vacío de protección institucional y revela que el Estado está perdiendo —o cediendo— fragmentos del monopolio de la violencia en su propio territorio. Los registros en efecto presentan deficiencias técnicas, pero eso no justifica ignorarlos. Al contrario, problematizar los datos, incluso con sus limitaciones, ayuda a comprender procesos estructurales y fortalecer los mecanismos de registro. Así, la aparente estabilidad estadística esconde una mutación del poder criminal, que ahora opera en clave de invisibilidad y control social prolongado, más allá del conteo de cuerpos.
Sometimiento social y disciplina criminal
A un año del inicio de su gobierno, Clara Brugada puede presumir una reducción significativa en la mayoría de las víctimas registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que sugiere que diversos delitos del fuero común han tendido a la baja. Es un logro que, en principio, debe reconocerse. Sin embargo, los patrones emergentes en violencia político-criminal, extorsión y desapariciones obligan a matizar cualquier lectura triunfalista. No basta con que las cifras disminuyan si, al mismo tiempo, el crimen organizado amplía su control territorial y redefine las reglas de la vida pública desde la sombra. En una de esas, la aparente reducción del delito podría reflejar procesos de sometimiento social y disciplina criminal, más que el efecto de una política pública eficaz. Por eso, más que celebrar, este primer año debería servir al gobierno capitalino para intensificar sus esfuerzos y recuperar el control real del territorio allí en donde se ha perdido —antes de que la calma estadística se vuelva el síntoma más claro de la captura silenciosa del Estado. ____ Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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