Cada estado inventa su policía; ninguno la termina y seguimos en el abismo. El 8 de septiembre, en la mañanera, el secretario Omar García Harfuch describió a quienes materializan la estrategia nacional: militares, marinos, agentes de investigación, policías estatales, agentes federales y «algunas policías municipales». Ese adjetivo indefinido es el mejor diagnóstico del país. Casi veinte años después de que el Ejército salió a las calles como remedio temporal, la seguridad pública mexicana sigue descansando en quienes no fueron formados para ella.
El atajo que se volvió doctrina Desde 2024, la Constitución coloca a la Guardia Nacional bajo el mando de la Defensa, con personal de origen militar, mientras el artículo 21 sigue exigiendo instituciones de seguridad pública de carácter civil. Esa tensión no es un tecnicismo: es el retrato de un Estado que prefirió pedir prestada la fuerza antes que construirla. La radiografía oficial lo confirma. Según el censo del INEGI publicado en agosto, casi nueve de cada diez guardias nacionales están en unidades de nivel batallón, y cerca de 22% de los titulares de la Guardia y de las instituciones estatales proviene de la Marina. La conducción de la seguridad civil se nutre, en buena medida, de otra escuela.
La paradoja del éxito Hay un problema adicional, incómodo. El gobierno reporta que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 53% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026. Es una cifra oficial que merece escrutinio independiente, pero incluso si se acepta completa, no responde la pregunta esencial: quién sostendrá esa paz cuando la fuerza prestada regrese a sus tareas. Cuando el atajo produce resultados, desaparece la urgencia de construir el camino largo. Así se posterga, sexenio tras sexenio, lo único que perdura: instituciones. Ese es el legado de la política policial que se espera que se pudiera sostener de parte del ahora titular de SSPC.
La policía que el censo revela El propio García Harfuch dijo en septiembre de 2025, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que más de 90% de los delitos son del fuero común.
El delito que sufre el ciudadano le corresponde a la policía local. Mírese esa policía. Con datos de 2025, sin Ciudad de México, el INEGI contabiliza un policía estatal por cada 1,000 habitantes. Solo 2.8% del personal con grado policial realiza investigación; la proximidad social, la que conoce la calle, apenas 8.9%. Únicamente 61.4% cuenta con el Certificado Único Policial, la base mínima de formación y evaluaciones vigentes, y menos de una cuarta parte del personal estatal tiene licenciatura. Más de la mitad del personal estatal gana hasta 20,000 pesos brutos mensuales; solo nueve instituciones ofrecen crédito de vivienda y tres, seguro de gastos médicos mayores. Y mientras ingresaban unos 8,300 cadetes, renunciaron más de 6,500 integrantes de las instituciones estatales. No es formación: es una puerta giratoria con uniforme. La desigualdad agrava el cuadro. Según lo que reporta cada estado, Chiapas, Chihuahua y Querétaro certifican a 100% de sus policías; Guerrero, a 17.7%; Oaxaca, a 2.2%. Un país con esa dispersión no tiene una policía: tiene una colección de experimentos.
Nadie sueña con la placa
La ley que existe y la política que falta Sería deshonesto decir que no hay nada. La nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de julio de 2025, ya regula la carrera policial, un modelo de academias y la certificación de policías municipales. En septiembre de 2025 los gobernadores acordaron que cada estado tuviera en 2026 al menos una academia certificada, y en abril arrancó la Escuela para Mandos, con contenidos aportados por Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en cursos que la prensa reportó de cinco semanas. Cinco semanas para formar a un futuro secretario de Seguridad. Eso es normatividad y talleres, no política policial. Una política se reconoce porque tiene presupuesto etiquetado, metas verificables, responsables con nombre y consecuencias. ¿Cuántas academias cumplieron el plazo es algo que aún debe verificarse?; quien lo afirme sin datos, improvisa. En el imaginario mexicano, el policía es el último escalón social: sueldo bajo, riesgo alto, prestaciones escasas y desprecio gratuito. Ningún spot publicitario revierte eso. Se revierte con salario digno, vivienda, seguro médico, retiro y un rango que signifique algo. Convencer al ciudadano de que la policía es indispensable exige, primero, que el Estado la trate como indispensable. Ese estigma tiene costos operativos: donde ser policía es lo que queda cuando no hay otra opción, la selección se vuelve trámite y la permanencia, casualidad. La puerta giratoria del censo no muestra falta de aspirantes, sino falta de razones para quedarse.
Por dónde empezar 1. Una Política Nacional Policial con rango de ley y metas a 2030: policías por habitante, certificación, investigación, salario. Su medición no puede ser interna; que la audite un órgano externo. 2. Condicionar los fondos federales a estándares de carrera policial: dinero por resultados, no por promesas. 3. Un piso nacional de sueldo y prestaciones que ningún gobernador ni alcalde pueda recortar. 4. Policías regionales de proximidad donde el municipio pequeño no puede sostener una corporación propia, con mando profesional y no de compromiso político. 5. Un cuerpo federal civil con ley, presupuesto y mando propios para reacción e inteligencia, de modo que el Estado deje de tramitar la fuerza con otras secretarías. 6. Formación de años, no de semanas, con trayectoria universitaria, ascensos por mérito y retiro digno.
El legado Los legados no se declaran: se presupuestan. El de un secretario de Seguridad no será el número de detenidos en un informe, sino la policía que quede cuando él ya no esté. Un legado policial se reconoce en lo cotidiano: el patrullero que conoce su cuadra, la investigadora con carrera, el mando que llegó por concurso. García Harfuch tiene el mandato, el marco legal y el tiempo. Le falta lo más difícil: renunciar al atajo. Porque mientras la fuerza siga siendo prestada, la seguridad seguirá siendo interina.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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