Además de los problemas financieros y de inseguridad que afectan a las universidades estatales , algunas instituciones también enfrentan violaciones a su autonomía o intervención de gobiernos estatales para influir en la elección de las rectorías. Las administraciones locales buscan imponer perfiles a modo en las universidades, intervenir en el manejo de sus recursos y asegurar una base de votantes entre el alumnado de cara a las elecciones de 2027 , de acuerdo con denuncias de rectores y rectoras.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) señaló que en al menos cinco universidades autónomas se han registrado intentos de injerencia mediante reformas a leyes orgánicas o reglamentos internos, lo que viola el derecho de las universidades autónomas a elegir libremente a sus autoridades. «En el contexto del cambio de rector que se da en algunas universidades, los Congresos de los estados intentan hacer modificaciones a las leyes orgánicas internas o a la reglamentación para incidir en los nombramientos de los rectores», advirtió Luis González Plascencia, secretario general de la ANUIES , en entrevista con medios durante la Asamblea General de esta asociación. Al participar en ese mismo evento, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí , también coincidió en que hay riesgos de violación a la autonomía en algunas universidades estatales. «(Hay) una tentación de varios gobiernos estatales por intervenir en las universidades y por revertir las conquistas que se han logrado en materia de autonomía universitaria», declaró.

Presupuesto de universidades estatales Un factor que hace vulnerables a las
universidades autónomas es el presupuesto público, que se compone de recursos federales y estatales, principalmente. A pesar de esas transferencias, los
recursos son limitados y la mayoría opera con déficits . Para 2027 se aprobó un
aumento presupuestal de 3.2% a las universidades públicas estatales, pero la ANUIES señala que esta proporción es menor a la inflación y resulta insuficiente para la operación, el mantenimiento de las instalaciones y la contratación de nuevos docentes. Sobre todo porque hasta el 80% del gasto se destina al pago de nómina.

Este año, por ejemplo, 14 gobiernos no han pagado la aportación estatal a 23 universidades públicas , lo que equivale a una deuda de 1,728 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esto genera una dinámica de dependencia financiera y de control político, pues algunos gobiernos estatales condicionan los aumentos o ayudas financieras a la imposición de perfiles afines o la aprobación de reformas a las leyes internas de las universidades.

Autonomía universitaria en riesgo
Elección de rector en Universidad Michoacana La ANUIES no expuso los nombres de las universidades con riesgos para su autonomía, pero recientemente se han presentado casos así en las universidades autónomas de Michoacán, Nayarit y Campeche. El Congreso de Michoacán, por ejemplo, aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) que ordena retrasar hasta 2031 el voto universal de la comunidad universitaria en la elección del rector para el periodo 2027-2031.

La autonomía universitaria no constituye un privilegio ni una concesión de los gobiernos.

La rectora de esta casa de estudios, Yarabí Ávila , denunció que la reforma viola la autonomía de la universidad porque la avalaron sin consultar a su comunidad, como establecen la Constitución mexicana y la Ley General de Educación. Con el aplazamiento de la participación de la comunidad universitaria en la elección de la Rectoría, es más sencillo imponer un perfil cercano al gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla , señaló la rectora. «Hemos logrado el voto en la comunidad universitaria, pero el Congreso del Estado, de manera arbitraria, de manera inquisitiva, ha eliminado esta posibilidad», declaró a Expansión Política . A través de amparos, la Universidad Michoacana busca echar para atrás la reforma del Congreso, aunque el Poder Judicial del Estado no ha aceptado estos recursos jurídicos. Mientras tanto, la universidad lanzó una convocatoria para elegir a la próxima rectora el 1 de diciembre de 2026, proceso que fue criticado por los diputados locales. Sin embargo, la SEP se posicionó a favor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y respaldó su proceso de elección.

El caso de la Universidad Autónoma de Campeche Otro caso señalado de violación a la autonomía universitaria ocurrió en la
Universidad Autónoma de Campeche (
UAC ). El 12 de enero de 2026, un día antes de la elección de la nueva rectoría, fue detenido el rector
José Alberto Abud Flores , quien buscaba reelegirse en el cargo y era conocido por ser crítico al gobierno estatal de la morenista
Layda Sansores .

Con el argumento de que la policía estatal recibió un reporte de personas armadas en una camioneta, elementos de seguridad interceptaron el auto del entonces rector, reportaron el presunto hallazgo de drogas al interior del carro y lo detuvieron. Después, Abud Flores enfrentó un juicio en libertad. La comunidad universitaria exigió la libertad inmediata del rector al considerar que la detención fue arbitraria y que era una estrategia para intervenir en la elección de la Rectoría e imponer un perfil cercano a Sansores. Al siguiente día, durante la madrugada, el Consejo General de la UAC destituyó a Abud Flores y en su lugar nombró a Fanny Guillermo Maldonado . La designación de la nueva rectora se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Campeche XXI y no en las instalaciones de la universidad. Más tarde, el exrector acusó al gobierno estatal de arrestarlo por ser incómodo. «Lo que quieren es meterse en la institución, controlar los recursos de la institución. Y creen, equivocadamente, que los 11 mil estudiantes van a votar por ellos como borreguitos», declaró al Informador.

Suprema Corte ampara a la Universidad Autónoma de Nayarit En enero de 2020, el Congreso de Nayarit aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Nayarit , impulsada por el exgobernador Antonio Echevarría. La enmienda fue presentada para atender la crisis financiera de la institución, pero introdujo cambios a la forma de elección de la persona rectora. La reforma estableció la creación de un
Colegio de Elección Universitario , encargado de conducir el proceso para designar al rector. Ese organismo estaría a cargo de una persona nombrada por el Congreso local a partir de perfiles propuestos por el gobernador. El Consejo General Universitario rechazó esta reforma y avaló interponer medidas legales. Entonces, la universidad interpuso un amparo contra la enmienda al señalar que interfiere con la autonomía universitaria. El asunto llegó hasta la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , que emitió una resolución hasta octubre de 2026: amparó a la universidad y puso límites a la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales. A pesar de que este caso tardó más de seis años en resolverse, representa una ruta a seguir para la Universidad Michoacana, que también busca llegar a instancias judiciales federales. «Esto es para prevenir que en las demás universidades autónomas de nuestro país se pudiera repetir esto por parte de los gobiernos del Estado o por los poderes legislativos, esta misma violación a a los derechos que tenemos», advirtió la rectora Ávila. «Lo más grave sería cuántas universidades podrían vivir esto».

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