La investigación que se cuenta a sí misma
Nueve meses después de que un adolescente de diecisiete años disparara contra Carlos Manzo en plena Plaza de los Mártires, la Fiscalía de Michoacán tiene ya 31 detenidos, dos presuntos autores intelectuales y un relato oficial que empieza a sonar más a guion cerrado que a investigación abierta. La pregunta que debe incomodar a cualquier lector atento no es si hay culpables —los hay, y varios seguramente lo son—, sino si el aparato de procuración de justicia mexicano está resolviendo el caso o está administrando su cierre político a conveniencia.
Dos nombres, una sola conveniencia El fugitivo con nómina municipal Un teléfono que dejó de importar por decreto
La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, «R1», presentada el 30 de julio como golpe contundente contra el crimen organizado, no contradice formalmente la imputación previa de Jorge Armando «N», «El Licenciado» —la Fiscalía los ubica ahora como piezas de una misma cadena de mando dentro de «Los R’s». Pero que la hipótesis se sostenga jurídicamente no la vuelve automáticamente sólida. Ocho meses transcurrieron entre una detención y otra para completar una teoría del caso que debió estar armada desde el principio si la inteligencia territorial hubiera sido tan robusta como se presume. Una investigación seria no se construye deteniendo eslabones de manera sucesiva y ajustando el relato sobre la marcha: se construye desde el mapa completo del poder criminal y político local, hacia abajo. Aquí ocurrió al revés. Si hay un símbolo de la impunidad institucional en este caso, es José Manuel Jiménez Miranda, el coronel retirado que Manzo nombró jefe de su seguridad pública y luego, tras una denuncia de violencia familiar, mantuvo como jefe de escoltas. Jiménez era quien seleccionaba a cada elemento del círculo de protección del alcalde, quien conocía sus rutinas, su agenda, sus vulnerabilidades. Escapó del operativo que sí alcanzó a sus siete subordinados y, según reconoció el propio gobernador Ramírez Bedolla, siguió cobrando un sueldo del Ayuntamiento de Uruapan mientras pesaba sobre él una orden de aprehensión. Ningún relato de «avance decisivo» resiste el peso de esta sola evidencia: la persona con mayor acceso operativo a la víctima lleva nueve meses libre, identificada, ubicable en la nómina, y aun así intocada. La negativa de Grecia Quiroz a entregar el celular de su esposo es un derecho que puede reclamar como viuda, pero la actitud de la Fiscalía frente a esa negativa es la que debería alarmar a cualquier estudioso del debido proceso. Después de solicitarlo en al menos tres ocasiones sin éxito, -el ahora fiscal con licencia- Torres Piña optó por declarar el dispositivo «irrelevante» para el caso. Ningún investigador criminal serio abandona voluntariamente una fuente potencial de geolocalización, amenazas previas y comunicaciones del día del ataque solo porque resulta incómodo insistir. Declarar la irrelevancia de una evidencia no analizada no es una conclusión técnica: es una claudicación disfrazada de cierre de expediente.
La hipótesis que nadie ha probado Lo que una investigación seria exige
Existe además una pregunta que ningún comunicado oficial ha tocado: si el CJNG tenía o no interés estratégico real en disputarle la plaza de Uruapan al grupo local dominante o si esta ya estaba entregada de antemano. No hay evidencia pública que permita confirmar o descartar esta hipótesis —conviene decirlo con toda claridad: es una interrogante analítica abierta, no un hecho establecido—, pero su sola pertinencia debería obligar a la Fiscalía a explicar por qué la teoría del móvil territorial se dio por buena desde los primeros días, sin que trascendiera un análisis de economía criminal que la sostuviera con solidez. Nada de esto significa que los detenidos sean inocentes, ni que el trabajo de inteligencia realizado carezca de mérito. Significa que capturar operadores de segundo y tercer nivel no equivale a desmantelar una estructura de poder que permitió que un alcalde fuera asesinado en un acto público, frente a su propio cuerpo de escoltas, sin que hasta hoy exista una explicación institucional convincente sobre las omisiones del primer círculo.
Uruapan merece una fiscalía que investigue hacia arriba, no solo hacia abajo; que trate la evidencia disponible —empezando por el teléfono— como una obligación, no como una cortesía a discreción de la familia; y que explique con transparencia por qué el hombre con más acceso a la víctima sigue libre. Mientras eso no ocurra, cada detención, por relevante que parezca, seguirá alimentando la sospecha de que México no está resolviendo el caso Manzo: está fabricando su mártir oficial, con la solemnidad necesaria para que nadie pregunte más. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
]]>
Comentarios recientes