La presidenta de la Comisión de Registro Federal de Electores (RFE) del INE, Carla Humphrey Jordan, denunció que autoridades del estado de Veracruz se niegan a firmar el convenio de colaboración mediante el cual las personas en prisión preventiva podrán votar el próximo 2 de junio. Durante la sesión de la Comisión del RFE, la consejera Humphrey Jordan resaltó que al corte de este martes 13 de febrero, se han realizado 24 convenios con igual número de entidades, en tanto que tres más que están pendiente de firma.

“Espero que sigamos avanzando, particularmente, en los casos de Yucatán y Veracruz, porque tenemos ahí el asunto de que en Veracruz hay una negativa a firmar este convenio para este convenio para llevar el voto en prisión preventiva y en Yucatán, se señala que no nos pueden entregar los datos biométricos”, lamentó. En este contexto, Humphrey resaltó la importancia de “avanzar” y de cumplir con las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que mandató al INE a implementar el voto en prisión preventiva en todo el país. Comentó que autoridades del estado de Jalisco, no ha proporcionado el número de personas en prisión preventiva, mientras que Coahuila y Zacatecas, “simple y llanamente no me han contestado los oficios en este tema para seguir trabajando de la mano con las autoridades a nivel estatal para poder materializar el voto en prisión preventiva”. Resaltó que el objetivo es garantizar este derecho humano a todas las personas que están en prisión preventiva, pero que no tienen suspendidos sus derechos político-electorales.

De acuerdo al INE, cerca de 93,000 personas en prisión, en todo el país, podrán votar para elegir a presidente de la República y en aquellas entidades que tengan legislado este ejercicio, se incluirán además los cargos locales. El voto será de forma anticipada entre el 6 al 20 de mayo de 2024, previo a la contienda federal, en la que estarán en juego además de la Presidencia de la República, el Congreso federal, así como ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, entre cerca de 20,000 cargos de elección popular.

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