El Senado aprobó en lo general la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual establece una nueva base legal para que exista coordinación en materia de seguridad entre los tres niveles de gobierno. Con 77 votos a favor y 33 en contra, la reforma ratifica que la Guardia Nacional será la principal institución de seguridad pública a nivel federal, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero con un enfoque y formación en “doctrina policial civil”.
También se menciona que la acción de esta corporación se focalizará en las regiones con mayores índices delictivos y con mayor ausencia de policías locales, y participarán en tareas de inteligencia e investigación de manera coordinada con fiscalías y autoridades judiciales. El pansita Ricardo Anaya comentó que esta ley permite la geolocalización de los ciudadanos en tiempo real y sin orden judicial. Ello, dijo, en comparación con la actual ley vigente en la que se pide que haya una orden del juez de control para realizar este geolocalización. Mientras la oposición señaló que estas reformas abonan a que el gobierno sea “espía”, Morena negó que se busque eso. “No se trata de espiar, se trata de actuar con responsabilidad institucional, legalidad y garantías, hablando de vigilancia para la seguridad, no de vigilancia arbitraria”, mencionó la morenista Lucía Trasviña al presentar tanto este dictamen como la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. En tanto, el senador priista Ángel García dijo que »no es un modelo de inteligencia democrática, sino una arquitectura de un Estado espía», pues mencionó que con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia se le permite al Centro Nacional Inteligencia pedir datos biométricos, fiscales, escolares y bancarios sin orden judicial de los mexicanos. Mientras con la ley del Sistema Nacional de Seguridad se busca concentrar toda esta información en un sistema nacional de información. “(Las reformas) no construye seguridad, sino construye control, miedo, un estado vigilante donde la privacidad ciudadana será un privilegio y ya no un derecho. Hablamos de entregar al Ejecutivo sin contrapesos, sin jueces, sin vigilancia independiente la capacidad de espiar, perseguir y vigilar a cualquier ciudadano con el pretexto de la seguridad”, declaró.
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