La polémica generada por la compra de nuevas camionetas blindadas para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es, evidentemente, un escándalo jurídico. Es un error político e institucional delicado, cometido en un momento en el que la Corte debería ser especialmente cuidadosa con su legitimidad pública.
No es ilegal que la Suprema Corte adquiera vehículos con medidas de seguridad para sus integrantes. El Poder Judicial es un órgano constitucional autónomo, con facultades para administrar su presupuesto y garantizar la integridad de quienes ejercen funciones de alta relevancia institucional. En un país con niveles persistentes de violencia, la protección de altos funcionarios es, por sí misma, una medida justificable, no un privilegio. El problema no está en la existencia del blindaje o la compra de las camionetas. El problema está en el contexto, la forma y la ausencia de una narrativa institucional anticipada y convincente. La información sobre la adquisición de los vehículos se conoció a través de una nota periodística, no mediante una comunicación proactiva del propio Poder Judicial. No hubo una explicación clara institucional sobre el costo total, los criterios de decisión, las alternativas evaluadas ni el impacto presupuestal de la adquisición. Ese vacío informativo fue suficiente para detonar una percepción de opacidad y contradicción con los discursos de austeridad que han acompañado a la nueva integración de la Corte. En política institucional, las percepciones importan tanto como las normas legales. La Suprema Corte no es un órgano administrativo más. Es el árbitro último de la constitucionalidad, el garante de derechos fundamentales y debe ser uno de los principales contrapesos frente al poder político. Su autoridad no se sostiene únicamente en sus sentencias, sino en la confianza pública que inspira. Cuando la Corte parece desconectada del clima social, su legitimidad se erosiona, incluso si actúa dentro del marco legal.
El momento no es menor. La nueva Corte llegó tras una reforma judicial profundamente controvertida, acompañada de un discurso de renovación, cercanía y austeridad. En ese contexto, cualquier decisión que pueda leerse como un retorno a lógicas de privilegio, aunque técnicamente no lo sea, tiene un costo político amplificado. Y una cobertura mediática orientada a genera escándalo. Aquí es donde la comunicación institucional debe ser cuidadosa, especialmente en un clima de polarización y crítica consistente. Si la Corte considera indispensable renovar su parque vehicular por razones de seguridad, debía anticipar el impacto público de esa decisión y vacunarse mediáticamente, explicándola con datos, contexto y criterios claros. No hacerlo equivale a ceder el control de la narrativa, permitiendo que el debate se construya desde la sospecha y no desde la información. Además, hay un punto más profundo que merece atención. La Corte tiene una responsabilidad reforzada de transparencia cuando se trata del uso de recursos públicos. Su legitimidad institucional no proviene del voto popular, sino que deberá construirse en la medida en que genere confianza con sus fallos judiciales, además de la prudencia, congruencia y responsabilidad institucional que debiera observar. Este episodio revela algo más preocupante que el costo de unas camionetas: una desconexión entre la lógica interna del Poder Judicial y la sensibilidad social del momento. La Corte sigue razonando desde parámetros administrativos que quizá fueron aceptables en otro tiempo, pero que hoy resultan políticamente costosos en un país con instituciones cuestionadas y una ciudadanía cada vez más escéptica.
No se trata de que la Corte asuma mayor populismo ni de someter sus decisiones a la aprobación de la plaza pública. Se trata de entender que, en el México actual, cada decisión administrativa también comunica valores. Y cuando esa comunicación no es oportuna o es deficiente, el daño no es presupuestal, sino institucional. Blindarse físicamente puede ser necesario. Blindarse políticamente, mediante transparencia, congruencia y sensibilidad pública, es indispensable. Si la Suprema Corte quiere consolidarse como un poder legítimo en esta nueva etapa, deberá asumir que ya no basta con tener la razón jurídica. Hoy, más que nunca, necesita no perder la razón institucional. ____ Nota del editor: Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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