El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con el voto unánime de todas las bancadas la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, que homologará el tipo penal y las penas en todo el país. Con la nueva ley ese delito se perseguirá de oficio y será imprescriptible; será castigado con penas de seis a 15 años de prisión, con posibilidad de incrementarse hasta 25 años si se configuran agravantes, de las que se establecieron 34 en tres categorías.
¿Qué cambios habrá en el combate a la extorsión?
Sin embargo en por lo menos seis entidades: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo la sanción hoy es de mínimo siete años de prisión, por lo que de no existir agravantes se reducirán las sanciones en esas entidades. Por esa razón, y porque el dictamen estableció que no se requerirá ningún presupuesto adicional, diputados de Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) anticiparon que votarán en contra, en lo particular. Además esos partidos, junto con el PT, también pidieron endurecer las penas y homologar a la alza los años de cárcel. No hacerlo, aseguró el panista Daniel Retes, implicará que “el mensaje será que la presidenta quiere bajar las penas por extorsión” ya que en Baja California –una de las entidades donde la pena es de siete años- se reducirá a seis años de cárcel. El priista César Alejandro Domínguez insistió en que si se considera que en por lo menos cinco entidades ocurre lo mismo, podrían salir de la prisión unas cien personas en cada una. “En Chihuahua hay alrededor de 150 personas que van a salir en libertad por aprobar la ley como la vamos a aprobar”, alertó. Maricarmen Bernal, del PT, también se pronunció por incrementar penas y, sobre todo, por castigar la tentativa de extorsión. Esto porque consideró que hay delincuentes que fingen ser de un grupo criminal para amagar con hacer daño al patrimonio o las personas, pero sólo como tentativa, lo que también debe sancionarse. Por su parte Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano, se anunció, respaldarán una reserva para atenuar la pena de cárcel a los servidores públicos (como policías, agentes del ministerio público, jueces o personal de vigilancia y custodia carcelaria) que no denuncien casos de extorsión. Debido a que ellos también podrían estar amenazados se aprobaría reducir la sanción, de 10 a 20 años –como propuso en su iniciativa la presidenta Claudia Sheinbaum- para que sea de cinco a 10 años. Tras la aprobación en lo general el pleno comenzó la discusión en lo particular, con 72 oradores registrados, lo que podría extender el debate hasta la noche de este martes. Una vez que se avale en lo particular la minuta se remitirá al Senado. El dictamen aprobado en lo general incluyó en sus términos la propuesta presidencial para fijar un tipo penal único en todo el país, penas homologadas: de seis a quince años de prisión y una multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Al valor de este año esa multa equivale hoy a un monto de 11,314 a los 56,570 pesos. Incurrirá en el delito de extorsión quien “obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico”. También se establece que las Unidades Antisecuestro serán las responsables de investigar casos de extorsión y se crea el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (Centro), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ese Centro se coordinará con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para fortalecer la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica, “herramienta indispensable para identificar patrones delictivos, prevenir que más personas caigan en engaños y dar soporte a las investigaciones ministerial”. El número único 089 será para atender todas las cuestiones relacionadas con el delito de extorsión.
Aunque se plantea que será posible la denuncia anónima y el delito se perseguirá de oficio, también se indica que sí se requiere la participación del o los denunciantes para las investigaciones, pero habrá mecanismos para evitar que se conozcan sus nombres y datos. Los sentenciados por haber cometido ese delito no tendrán acceso a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de a pena pero se prevé que sí haya casos excepcionales de colaboración con la justicia.
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