La Cámara de Diputados busca reservar o declarar confidenciales los expedientes relacionados con juicios políticos y declaraciones de procedencia, los cuales llevan a desafueros de los servidores públicos. En la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores informó que se avaló un acuerdo para clasificar esos documentos, por lo que legisladores del PT y del PAN pidieron revisar el documento y aclarar qué datos serán reservados y de cuáles se harán versiones públicas.
El presidente de la Comisión, Hugo Eric Flores, aseguró que este acuerdo no significa que no se transparentará la información, sino que se apegan a lo que la ley marca en materia de transparencia y acceso a la información. Dijo que habrá versiones púbicas de los expedientes, las cuales se realizarán solo cuando reciba una solicitud de acceso a la información, se determine mediante una resolución del Comité de Transparencia de San Lázaro o en cumplimiento a una sentencia judicial. “La clasificación de información solo podrá ser realizada conforme a un análisis caso por caso y mediante el procedimiento que el mismo Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados nos señale”, declaró. Mencionó que la clasificación es para proteger datos personales, no vulnerar la conducción de los expedientes judiciales, los procedimientos administrativos y para prevenir la ‘revictimización’ de las personas señaladas en los juicios. La diputada Lilia Aguilar cuestionó esta decisión y dijo que no debe clasificarse todo el expediente sino solo datos personales o de carácter sensible, como información médica o personal, por lo que pidió hacer una revaloración sobre este acuerdo. “A mí me parece que la información que debe clasificarse debe ser la información personal y de carácter sensible, (pero) no todo el expediente porque –como sucede en los otros asuntos jurisdiccionales– los expedientes contienen información que sí son de reserva”, dijo la petista. El panista Germán Martínez también coincidió con la petista al señalar que no se debe clasificar de forma completa los expedientes. Ante estas posturas del PT y del PAN, el acuerdo será nuevamente discutido en la Junta Directiva de la Comisión.
El juicio político es un procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos cometan violaciones graves a la Constitución, a las Leyes Federales o por el manejo indebido de fondos y recursos federales. La declaración de procedencia es el retiro del fuero constitucional a legisladores. Este acto lo realiza sólo la Cámara de Diputados. El recinto legislativo actúa como órgano acusador y es quien emite la declaración de procedencia; sin embargo, no juzga, solo quita la protección constitucional para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado por las autoridades judiciales.
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