El Gobierno prohíbe lo que no puede explicar
México tiene un problema serio con la violencia. Eso no está en discusión. Lo que sí merece cuestionamiento severo, riguroso e incómodo, es la respuesta que han elegido varios gobiernos —encabezados ahora por la Ciudad de México— frente a los narcocorridos y corridos tumbados: prohibirlos. Como si silenciar la canción equivaliera a desactivar la bala. Como si la letra fuera el detonador y no la consecuencia de décadas de abandono institucional, pobreza estructural, impunidad sistémica y complicidad política con el crimen organizado.
El precedente Judas Priest y la responsabilidad científica del Estado
La prohibición de espectáculos con contenido de apología del delito es, en el mejor de los casos, una medida cosmética. En el peor, una cortina de humo gubernamental que disfraza la absoluta ausencia de política pública en materia de prevención del delito. El gobierno que se reivindica como vocero del «pueblo sabio» decide, con paternalismo autoritario, qué puede escuchar ese mismo pueblo. La paradoja es obscena y merece ser nombrada con toda claridad. En los años 80, en Gran Bretaña, dos jóvenes se suicidaron. Sus familias demandaron a Judas Priest, alegando que los mensajes subliminales de su música los habían llevado a la muerte. El caso llegó a juicio en Nevada en 1990. La banda ganó. La razón fue contundente: no existía evidencia científica, reproducible ni verificable, de que la música fuera la causa directa de conductas autodestructivas. El tribunal exigió causalidad demostrable, no especulación moral. ¿Alguien en el gobierno mexicano ha aplicado ese mismo estándar? ¿Dónde está el estudio criminológico riguroso, con metodología transparente y revisión de pares, que demuestre que escuchar «Pacas de billetes» incrementa de manera causal —no correlacional— la propensión a delinquir? No existe. Y en ausencia de esa evidencia, la prohibición no es política pública: es ocurrencia con decreto. El Estado mexicano tiene la obligación legal y ética de fundamentar sus restricciones a derechos culturales con evidencia sólida. No con percepción, no con escándalo mediático, no con el siguiente ciclo de noticias. Con ciencia. Y esa ciencia, hoy por hoy, no está sobre la mesa.
La prevención del delito: la gran ausente Lo que el Estado debería estar haciendo
El verdadero escándalo no es que suene «Cuerno Azulado» en una cheleria de Tepito. El verdadero escándalo es que México ha desmantelado sistemáticamente sus estructuras de prevención social del delito. El Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), que operó entre 2013 y 2018 con focalización territorial y metodología de intervención comunitaria, fue liquidado sin evaluación pública de impacto. Lo que sobrevino fue el vacío. Después, la austeridad. Luego, el eufemismo de «abrazos, no balazos» como sustituto de política. Hoy, las alcaldías y los municipios carecen de infraestructura institucional real para prevención. No hay trabajadores sociales suficientes en zonas de alta marginación. No hay programas de reinserción juvenil con presupuesto garantizado. No hay modelos de intervención temprana en comunidades donde el crimen organizado recluta desde los catorce años. Pero hay un decreto que prohíbe canciones. Primero: Reconstruir la arquitectura institucional de prevención del delito con presupuesto etiquetado, metas verificables e indicadores de resultado —no de gestión— en los tres órdenes de gobierno. Segundo: Impulsar un modelo de intervención comunitaria basado en evidencia, inspirado en experiencias documentadas como el modelo Glasgow de violencia urbana o el programa Cure Violence en Chicago, adaptados al contexto mexicano con participación de universidades públicas nacionales. Tercero: Desarrollar una política cultural de Estado —no prohibicionista— que dialogue con los géneros populares ( no concursos cosméticos como “México Canta”), que financie narrativas alternativas sin censurar las existentes, y que invierta en educación artística en territorios de alta conflictividad. Cuarto: Establecer un órgano técnico independiente de evaluación de políticas de prevención, con participación académica, sociedad civil y comunidades afectadas, que dictamine con metodología rigurosa qué funciona y qué no. Quinto: Exigir que cualquier restricción a derechos culturales venga acompañada de una justificación basada en evidencia científica revisada, publicada y debatida públicamente.
El Estado que le tiene miedo a su propio espejo
Los narcocorridos no crearon al narco. El narco creó al narcocorrido. Prohibir la canción sin atacar las condiciones que le dan sentido social —la impunidad, la desigualdad, la ausencia del Estado en territorios enteros del país— es el equivalente a romper el espejo porque no nos gusta el reflejo. México merece un Estado que gobierne con inteligencia, con evidencia y con humildad institucional suficiente para reconocer que sus fracasos en materia de seguridad son estructurales, no musicales. La próxima vez que un funcionario quiera prohibir una canción, que primero explique cuántos policías de proximidad tiene su demarcación, cuántos centros de atención juvenil operan en zonas de riesgo y cuál es la tasa de resolución de homicidios en su territorio. Después, que hable de música. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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