El gobernador que quiere gobernar menos
Hay una forma muy mexicana de resolver un fracaso: en lugar de corregirlo, se elimina la institución que lo evidencia. Eso es, en esencia, lo que propuso el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el pasado 10 de julio: que desaparezcan las policías municipales de todo el país y que la Guardia Nacional asuma sus funciones. Lo dijo en el Congreso del Estado, minutos después de una ceremonia solemne, y reveló que ya lo había conversado con la presidenta Claudia Sheinbaum. No es una idea aislada ni un exabrupto: es la culminación de un proyecto que lleva años gestándose, y que tiene mucho más que ver con la comodidad del centro que con la seguridad de los municipios.
El diagnóstico correcto, la conclusión equivocada El costo de gobernar sin construir
Nadie honesto puede negar el problema que detona la propuesta. El mismo día en que Bedolla hizo su planteamiento, cayeron el director y el subdirector de la Policía Municipal de Zacapu, señalados por facilitar el robo de armamento oficial que terminó en manos del Cártel Jalisco Nueva Generación, usado para emboscar a un convoy de la Guardia Civil en Nahuatzen: cinco elementos muertos, cinco heridos. Antes, en Coeneo, cayó la propia directora de Seguridad Pública municipal por presuntamente operar como halcón del crimen organizado. En Zinapécuaro, ocho oficiales más. Y apenas un día antes, fue ejecutado en Morelia el excoordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado. El patrón es real, es documentado, y es gravísimo. Pero de un diagnóstico correcto —hay infiltración criminal profunda en corporaciones municipales— se está saltando a una conclusión que no se sostiene: que la solución es que el municipio deje de tener policía. Y aquí hace falta una precisión que cambia todo el sentido de la propuesta: no se está hablando de trasladar la función a la policía estatal, lo que al menos permanecería dentro de la lógica de un sistema federal donde cada orden de gobierno responde por su territorio. Se está hablando de entregarla a la Guardia Nacional, una corporación de origen, mando y disciplina federal con desconocimiento de territorio y de resultados cuestionables. Eso no es un reacomodo institucional: es una centralización de facto de la función más elemental del gobierno local, la seguridad de sus habitantes. La Guardia Nacional no fue concebida como policía de proximidad. Su lógica operativa es de despliegue táctico y contención, no de prevención social del delito, atención a conflictos vecinales, protección escolar o esa infinidad de tareas cotidianas que sí hace —o debería hacer— una policía municipal bien construida. Sustituir de golpe a mil ochocientos municipios por una corporación federal no cierra el vacío de gobernanza local: lo traslada a una escala donde hay aún menos rendición de cuentas ante el propio municipio, y donde el ciudadano pierde toda capacidad de exigir resultados a su presidente municipal, porque la seguridad ya no depende de él. Y aquí conviene ser francos sobre el origen del problema. Las policías municipales de Michoacán no llegaron solas a este estado de infiltración y colapso. Llegaron después de años de un modelo —el de la Guardia Civil estatal como proyecto insignia— que absorbió recursos, protagonismo político y prioridad presupuestal, mientras las corporaciones municipales quedaban sin capacitación, sin equipo, sin mando profesionalizado y, en muchos casos, sin más opción que aceptar la protección o el dinero de quien sí tenía presencia territorial: el crimen organizado.
Lo que sí habría que hacer
No se debilitó a las policías municipales por accidente. Se les debilitó como condición previa para poder argumentar, después, que hay que desaparecerlas. Bedolla entra en octubre a su sexto y último año de gobierno. No es casual que esta propuesta llegue justo cuando su propia Guardia Civil enfrenta una cadena de fracasos operativos, administrativos y de reclutamiento que ha costado vidas de sus propios elementos. Hablar de eliminar lo municipal es, también, una forma eficaz de correr la conversación pública lejos de la pregunta que sí le corresponde responder: qué pasó, en cinco años, con la política estatal de seguridad que él mismo diseñó y ejecutó. El problema no es que exista una policía municipal. El problema es que se le abandonó deliberadamente. La salida no pasa por desaparecerla, pasa por reconstruirla: mando profesional con servicio civil de carrera real, no designaciones políticas; auditoría pública y verificable del gasto en seguridad municipal, que hoy funciona como una caja negra; certificación y reentrenamiento serio, no cursos de cumplimiento burocrático; y, sobre todo, blindaje efectivo contra el uso de la seguridad pública como bandera ideológica o como botín de la tesorería municipal. México no necesita menos gobierno local. Necesita gobiernos locales que efectivamente gobiernen. Desaparecer la policía municipal no es una reforma de seguridad: es la confesión de que se prefiere administrar el fracaso desde el centro antes que resolverlo desde el municipio. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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