El Gobierno de la Ciudad de México se pronunció en contra de los insultos racistas y clasistas lanzados por una mujer en contra de un policía capitalino en la avenida Alfonso Reyes, en la colonia Hipódromo-Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. «La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH), como ente comprometido con la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, condena los actos de racismo y discriminación registrados recientemente en la Ciudad de México, en los que una persona dirigió insultos racistas hacia un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana», informó en un comunicado.
La mujer y dos jóvenes, presuntamente sus hijos, agredieron verbalmente a un policía cuando estaba por colocarle un inmovilizador a su auto Mercedes-Benz, ya que el vehículo estaba mal estacionado y no había pagado el parquímetro. «Odio a los negros como tú, los odio por nacos”, dijo la mujer, quien ha sido identificada por usuarios de redes sociales como Ximena P., quien se anuncia como modelo, actriz y madre de origen argentino. La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos explicó que el racismo es una forma de violencia que atenta en contra de la dignidad humana y el principio de igualdad. Sobre la discriminación, comentó que está reconocida en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. «Desde esta institución hacemos un llamado urgente a combatir el racismo en todas sus formas, tanto desde las instituciones como desde el ámbito social y cultural. Reiteramos que la discriminación racial no es un hecho menor, sino una violación a los derechos humanos que debe ser reconocida, sancionada y erradicada», indicó la instancia del gobierno capitalino. Pese a que la discriminación es un delito tipificado en el Código Penal de la ciudad, la mujer no fue detenida ni se ha informado de la apertura de una carpeta de investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX). El delito de discriminación se sanciona con una pena de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario, así como una multa que va de las 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes este 2025 a entre 5,657 y 22,628 pesos.
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