Corría el arranque del año de 1999 y en Venezuela ya se sabía que Hugo Chávez había sido electo para ocupar la Presidencia de ese país. Después de un golpe de estado anterior, el interesado en gobernar a los venezolanos pudo convencer al electorado de que le dieran la oportunidad de volver realidad sus ofertas electorales. Pero la realidad es que Chávez era, para muchos, un personaje con serios problemas de diagnóstico y ejecución. Su verdadera intención era usurpar el poder de forma indefinida, agotando las vías democráticas y cancelando la alternancia pacífica.
En esas circunstancias en Venezuela se hicieron muchos sondeos de opinión ante los riesgos que venían en camino. A muchos empresarios se les consultó sobre lo que se avecinaba en el país ante las ofertas de un grupo político extremo que con arengas populistas podía materializar cambios que pudieran resultar preocupantes. Pero a pesar de las señales iniciales de peligros relevantes, la postura fue una mezcla de apatía y desinterés. Varios de ellos, incluyendo el más acaudalado (el Sr. Gustavo Cisneros), simplemente dijeron que esta situación se corregiría sola y que habría un desenlace natural por virtud de determinaciones futuras en las urnas. Confiaban en que simplemente se trataba de una aventura y que el electorado lo corregiría si se suscitaban problemas importantes en su forma de gobernar. Vaya que se equivocaron. En las siguientes tres décadas hubo muchas cosas en Venezuela, pero ninguna de ellas siquiera cerca del pronóstico optimista o mesurado que los empresarios dieron como la base de su pasividad. En su lugar lo que pasó es que se devastó al país entero. Aún y cuando Hugo Chávez murió en 2013, su sucesor resultó en un seguidor de las mismas políticas públicas y secuelas de destrucción. El efecto de dicho régimen fue tan grave que no solamente desaparecieron todos los aspectos de una división de poderes, sino que además la economía quedó sin industria viable alguna, inflación galopante, y en forma por demás grave, más de un tercio de la población total emigró del país (algo más de 8 millones de personas). Así los empresarios venezolanos hoy tienen un remordimiento absoluto de no haber alzado la voz, apoyado causas ciudadanas o enarbolado foros de discusión de políticas públicas, y en general de no haber sido un contrapeso ante el evidente deseo gubernamental de borrar todo vestigio de límites o de formas en que la disidencia pudiera dar visibilidad a lo que realmente estaba pasando en esa nación, para detener los daños y encaminarse a buscar otras alternativas que no fueran las de simplemente romper todo a su paso. Pero lo que no se hizo en su momento provocó que lo que tanto trabajo costó edificar se evaporizara y que hoy se antoje complicadísimo volver a crear, aún con un gobierno que hoy tiene supervisión y sumisión a los Estados Unidos. Al empresariado se le afectó de raíz porque sus empresas y negocios quedaron sin valor representativo, y el mercado local dejó de tener viabilidad. Esto contrasta con la idea de que los empresarios hubieran sustentado su silencio en el hecho de que no se podían involucrar en temas políticos y que tenían que defender el valor de sus empresas y los intereses de sus accionistas. Hoy en día el resultado es que esas mismas empresas perdieron todo valor y sus accionistas quedaron sin activos. Nada pudo haber salido peor o con más grave afectación.
Este razonamiento viene muy a colación por lo que está sucediendo en México desde finales de 2018. La ruta populista inició en ese entonces y, fieles a las reglas de los autoritarios, se han seguido los cánones de devastación institucional y de libertades que se aplicaron en Italia y Alemania hace un siglo, y también en otros países como Cuba desde 1958 y el caso de Venezuela arriba referido desde 1999. El razonamiento clave es todo lo que se ha hecho en estos periodos populistas y los resultados tan adversos para los elementos de una democracia funcional. Vale aclarar desde ahora que no todos los empresarios mexicanos han tenido la misma conducta pasiva; como se detallará más adelante, ha habido excepciones notables. Pero la evidencia muestra que la gran mayoría del sector ha optado por el silencio. En este artículo no vamos a repetir lo que hemos explicado en entregas previas en cuanto a todas las aristas de la destrucción sistemática del país en los dos gobiernos morenistas que han ocupado el poder desde finales de 2018 (aclaro que López Obrador empezó a gobernar de facto antes de tomar el poder formalmente el 1 de diciembre de ese año). Pero lo que sí debemos hacer es entender las dimensiones de la adversidad y las reacciones o ausencia de ellas por parte de los empresarios en el país.
Cuando uno analiza la consecución de hechos de estos gobiernos de pseudo-izquierda lo que queda claro es que la misión fue y sigue siendo la de erosionar hasta sus cimientos las bases de una nación democrática. Siendo que la misión ha sido concentrar poder, todo se ha venido realizando bajo una retórica y narrativa de actuar para derribar la existencia de contrapesos y para dificultar la actuación de la oposición y la disidencia. Es como si el administrador contratado para cuidar una casa decidiera incendiarla deliberadamente. Todo se pone a prueba en cuanto a su capacidad de eliminar las bases de convivencia democrática, por la simple y sencilla razón de que no quieren que nadie más los reemplace en el poder. Eso es lo que los morenistas han hecho con las instituciones del país: incendiar la casa en que vivimos. Lo han hecho poco a poco, gradualmente, pero en forma sistemática, visible y previsible. Nadie se puede llamar a sorpresa porque han dicho lo que iban a hacer, y lo hicieron. Justifican su actuar con el aval popular de sus adeptos y con la idea de que romper con el pasado lo justifica todo. En este proceso, lo que costó mucho trabajo construir se ha ido destruyendo en los últimos ocho años. Y en todo este tiempo sí ha habido muchos momentos de alerta por parte de estudiosos, disidentes, académicos y opositores que han denunciado los alcances de la devastación institucional. Pero los del empresariado han sido momias en su mayoría.
Frente a tales señales que durante los últimos ocho años se fueron intensificando de tono e intensidad, se dieron muchos eventos en que se hizo ver a los empresarios de muchos niveles y ubicaciones que algo muy malo estaba pasando en el país. Y para sorpresa de muchos la reacción del empresariado fue casi siempre la misma, indiferencia y apatía. Los dueños del capital nunca negaron el diagnóstico de la nación, pero simplemente asumieron que por alguna razón las cosas mejorarían en algún momento. Esa expectativa fue ingenua, por decir lo menos. En el colmo de la deslealtad con el país, muchos empresarios decidieron que era momento de lucrar con la situación y que era conveniente mimetizarse con los caprichos del gobierno en turno. Aún y cuando sabían que los proyectos faraónicos no representaban beneficio alguno, se formaron muchos para ser beneficiados por contratos que fueron muchos de ellos asignados sin licitación previa. Morena recompensó a todos estos empresarios que se sujetaron a sus designios. Fueron diligentes en ver por sus intereses momentáneos, pero al hacerlo sacrificaron lo mejor del país y también la viabilidad económica de México y de sus propios negocios en el futuro inmediato. Contribuyeron a la destrucción, aunque no lo acepten en este momento. Es la realidad de las consecuencias de su inacción. El problema inició justo antes de la toma de posesión en 2018, cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco, una instalación que el país necesitaba urgentemente (la sigue necesitando). Los grandes empresarios que sí conocían las reales implicaciones de esa decisión optaron por no decir mucho y se conformaron con ser indemnizados y luego contratados para las nuevas obras inservibles. No hubo congruencia alguna: se alinearon sin cuestionamiento con lo que el gobierno designó como sus prioridades, aunque estas fueran meros caprichos sin mérito técnico, operativo o económico alguno. Así de increíble y trágico. Otra falla del proceso es que en todo este tiempo se dieron esquemas de corrupción rampante en temas como Segalmex y muchas obras a cargo de fuerzas armadas que lograron atraer a muchos contratistas al botín de opacidad y corrupción que se multiplicó con asombrosa rapidez. Incluso los militares que no habían participado en tantos proyectos fueron seducidos con cuantiosos recursos. El resultado neto fue que la permisividad fue tan grande que el gobierno y su círculo más íntimo de poder decidieron ir por algo inimaginable, el esquema de corrupción más grande en la historia del país y la humanidad, el huachicol fiscal . Un sistema en que con la complicidad necesaria de la Presidencia de la República se modificaran los registros aduanales de la importación de combustible por otros bienes para evitar el pago de impuestos y aranceles, y así generar una obscena ganancia que se podría distribuir entre todos los participantes que incluían a empresarios que se sumaron al esquema de corrupción institucional.
Algo que debemos destacar como parte de los vicios clave de este sistema de gobierno es que, según señalamientos documentados en medios y por autoridades extranjeras, la construcción de su poder político se apoyó también en vínculos con el crimen organizado, que habría aportado respaldo económico, logístico y operativo a cambio de privilegios para hacer negocios y recuperar inversiones con réditos en especie y en numerario. De ser así, se trataría de un negocio total lleno de ilicitud, y los empresarios que participaron lo habrían hecho con conocimiento de causa, volviéndose en los hechos parte de la criminalidad prevaleciente en el país. Vinieron momentos complicados y de enormes definiciones. La cancelación de Texcoco, la construcción de Dos Bocas, el despliegue de Tren Maya, la instalación de Mexicana, y la operación del Tren Transístmico. En todos ellos los temas se repitieron y el interés económico prevaleció por sobre las reales prioridades del país. Grandes sectores empresariales se enfilaron y trabajaron sin empacho en empujar los proyectos aunque fueran absurdos en su costo y destino. Un desperdicio por donde se les viera. Pero los temas de mayor preocupación vinieron posteriormente con decisiones de políticas públicas que jamás fueron criticadas. La desaparición de los pesos y contrapesos marcó el destino del país en más de una manera. Se destruyeron libertades e instituciones, y el empresariado no hizo básicamente nada. En particular hubo capítulos muy preocupantes y definitorios. Cabe destacar los episodios de la reforma judicial y la destrucción de organismos constitucionales autónomos. Frente a tan evidentes problemas y efectos adversos, los empresarios guardaron silencio. No tengo que enfatizar que no puede haber una sola persona, menos un empresario, que piense que eliminar la certeza del poder judicial, proscribir la transparencia de gestión gubernamental, o la independencia del órgano regulador de telecomunicaciones, fueran buenas ideas. Y sin embargo, el silencio del poder económico fue y sigue siendo oprobioso. En lo que dijimos en el párrafo anterior, hay que destacar el problema que suscitó la sobre representación artificial que permitió a Morena modificar unilateralmente los términos de convivencia constitucional. Se propició así que una sola fuerza política pudiera hacer lo indecible de lo que ya dijimos, y que propició un cambio radical en el país en todo lo que podamos decir. Y nuevamente ante tales acontecimientos, lo que vimos fue una pasividad crónica de la clase empresarial. No hubo nada de apoyo a las causas mexicanas. No hubo la menor empatía por la nación. Evidentemente que no podemos generalizar en cuanto a que todos los empresarios hayan sido parte de una misma clase de conductas pasivas u omisas. Pero lo cierto es que han sido más bien excepcionales los casos de personas que sí han dado la batalla y mostrado que no se puede simpatizar con un régimen dedicado a destruir hasta las más elementales libertades y temas de seguridad jurídica. Mi reconocimiento a esas pocas voces que sí han sido congruentes con la defensa básica de la nación, las que incluyen también a muy pocas instituciones empresariales, siendo ejemplo puntual el caso de la Coparmex. También hay varios empresarios que sí han hecho y dicho sobre el particular, incluyendo varios a niveles estatales y locales que han dado batallas importantes porque además son los que han sentido más de cerca los embates de los problemas reales en el país. Algo que duele es la hipocresía de cúpulas y grupos empresariales. Ninguna se atreve a validar como siquiera aceptable las condiciones del país. Nadie aprueba la destrucción institucional. Y sin embargo, cuando esas mismas personas son llamadas a eventos oficiales, con tal de complacer a los dirigentes gubernamentales anuncian una y otra vez noticias de inversiones multimillonarias, cuando a la simple salida de los mismos acontecimientos todos en corto confirman que no realizarán desembolso alguno. Vaya forma de engañar y engañarse. La destrucción al clima de inversión es apabullante. La incongruencia es realmente preocupante. A lo largo de estos años hemos tenido muchas ocasiones de hablar con empresarios. En ninguna de dichas pláticas se ha rebatido el diagnóstico del país, pero ese diagnóstico no se ha traducido en acciones para defender la patria. La realidad es que todos ellos han podido llegar hasta donde están como resultado de un país que les abrió enormes oportunidades. Sin duda que el piso no ha sido parejo, y hubo abusos de capitalismo de cuates. Pero México creció y mejoró en muchos rubros hasta que llegó 2018 y todo se empezó a caer a pedazos. Ahora los empresarios no tienen respuesta para sus hijos o nietos sobre las oportunidades que tendrán -o no- para hacer negocios en este país; por eso, permanecer pasivos en el momento más complicado de la historia reciente de México es, sencillamente, criminal. Tienen poco tiempo para cambiar de opinión y de acción. Pero la pregunta entonces, ante todos los problemas que hemos venido describiendo, es la que debemos hacer a todos los empresarios: ¿dónde han estado todo este tiempo? ¿Cómo es posible que hayan visto tanta destrucción y hayan guardado un silencio criminal? Pero no todo está perdido. Los hubieras no existen. No hemos pasado aún el punto de no retorno, pero estamos cerca. Todos coincidimos que el 6 de junio de 2027 es la fecha límite para detener la hemorragia impuesta por Morena. Por ello hacemos un llamado urgente a los empresarios para que finalmente salgan del ostracismo: que se pronuncien públicamente, de forma individual y a través de sus cámaras y asociaciones; que respalden a organismos como Coparmex que ya han dado la batalla; y que condicionen sus decisiones de inversión a garantías reales de independencia judicial, transparencia y respeto al estado de derecho. Que lo hagan por el país, que lo hagan por sus negocios, que lo hagan por ellos mismos, pero que lo hagan. Estamos en el momento clave para que, a diferencia de los venezolanos, los empresarios mexicanos sí puedan confirmar que hicieron lo que el país requería antes de que el tiro de gracia se disparara. Es ahora o nunca.
P.D.1. Poder Judicial: Los datos de desempeño del Poder Judicial a un año de distancia de la reforma respectiva confirman todos los temores. Se perdió la autonomía y la independencia del máximo tribunal y grandes problemas operativos han surgido. Lo que mal empieza, mal acaba. Ahora la pregunta es cuánto tiempo tomará corregir lo que está mal diseñado. Hay que desarrollar una agenda seria de la reconstrucción respectiva. P.D.2. Los abusos contra Ruffo: Todo el proceso judicial contra Ernesto Ruffo no es si no una tragedia de como se utilizan facciosamente las instituciones para perseguir a quienes se catalogan como adversarios políticos. No contentos con haber abusado de la persona al detenerlo y mandarlo a una prisión de máxima seguridad, ante la orden judicial de concederle prisión domiciliaria en Ensenada, B.C., en forma inverosímil, las autoridades ministeriales lo trasladaron por vía terrestre para recorrer más de 2,750 kilómetros y así vejarlo nuevamente. Estamos ante un gobierno represor, abusivo e irracional. Esto no es admisible. Ya basta. P.D.3. Feminicidios: La muerte de una estudiante española en Cuautla nos demostró nuevamente la cruda realidad de los riesgos que enfrentan las mujeres en nuestro país. No es normal el nivel de feminicidios y que tan poco se haga para acabar con esta calamidad. Además, duele mucho ver cómo en este caso sí se detuvo al presunto responsable por la presión diplomática y de prensa internacional, pero en los otros miles de casos acumulados lo que priva es una impunidad absoluta. No es justo. P.D.4. Activistas ambientales: Otro tema que preocupa es el número de activistas ambientales que están siendo privados de la vida por sus gestiones en defensa de la naturaleza y de todos los bienes que hacen que los ecosistemas funcionen bien. Ya son más de 100 activistas muertos en tan solo 10 años. Esto no es normal, ni se puede aceptar como parte de un panorama racional. Ya basta de tanta impunidad. Estamos mal. P.D.5. Crisis del agua: Los problemas del agua en el país se están agravando. No se hacen las inversiones de infraestructura, no se cumplen las reglas para el debido manejo de los recursos públicos, y se afectan las reglas para que haya nuevos proyectos de tecnificación y conservación de cuencas y acuíferos. Hay que reclamar la urgente atención de estos problemas, que nos van a llevar a muchas dificultades en el corto plazo en todo el país. La incompetencia y falta de visión son letales. _____ Juan Francisco Torres Landa* es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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